Lo último en disparates sobre tasas judiciales

Leemos en el ABC de hoy una ‘carta al Director’ del Abogado del Estado Sr. Pérez-Embid que nos parece lo último en disparates que se pueden decir sobre el invento  --ya de por sí  disparatado--  de implantar tasas judiciales  con el declarado propósito de que los ciudadanos NO hagan valer en los Tribunales sus derechos frente a cualquier atropello.

Porque el sorprendente envite de Pérez-Embid  no va en  la dirección de  suprimir  --supresión que es lo único razonable--  dichas tasas, sino… en… ¡¡ampliarlas!! y exigirlas ¡¡también!! a los que sufran una demanda y pretendan desmontarla.

O sea: que si  ya era  situar en  indefensión  --y mediante una burda  discriminación  por razón del dinero: ¡quien no lo tenga, no se defiende!--  a los que necesiten tutela judicial efectiva pero no sean grandes adinerados, viene ahora este bueno  Abogado del Estado a querer que  también  sólo las  ‘grandes fortunas’  puedan  rebatir  las acusaciones que les hagan,…  mientras que no podrían hacerlo todos  los demás  mortales que  no  cuenten con riqueza suficiente como para ‘depositar’, de golpe y porrazo, muy elevadas ‘tasas’ antes de poder decir “esta boca es mía”….

Pues… ¡qué bien!

Sobre todo porque sabe, sin duda, el proponente de tan peregrina ‘ampliación’ (por su pertenencia a los Abogados del Estado) que los flagrantes atropellos que la Administración hace a los ciudadanos, tienen dichos Abogados luego que… ¡¡apoyarlos ¡¡como sea!!!! (según mandato expreso recibido) recurriendo  toda  resolución judicial que corrija lo ya hecho por la Administración, por muy disparatado que haya sido; de tal forma que los miembros de este digno Cuerpo de juristas, que debieran haber velado  anticipadamente  por que la Administración SIEMPRE actuase  ‘conforme a Derecho’, resulta que se ven degradados al papel de  picapleitos fuleros que apoyan todas las burradas que hagan funcionarios discapacitados para el cargo donde estén…, ¡y son  ¡ellos!  quienes colapsan los Juzgados!

¿No sería mejor modo de aligerar de asuntos los Tribunales  --sobre todo, los Contencioso-Administrativos--  que los Abogados del Estado, en vez de querer  defender  siempre  lo  frecuentemente  indefendible  que se le haya ocurrido hacer a la Administración, actuasen incluso  ‘de oficio’  en contra de ésta cuando hubiese metido la pata, anulando sus actos y sancionando al funcionario ‘alegre’?

Por ejemplo: ¿no habría sido estupendo que la Abogacía del Estado hubiese avisado al Ministro que eso de imponer tasas INDISCRIMINADAS  (infringiendo por ello la ‘proporcionalidad’ imperada en el art. 31.1 CE)  “no se podía hacer”… por mucho que al Ministro le apeteciese hacerlo?

Mutatis mutandi,  ¿no habría sido mucho mejor que los Generales de Hítler le hubiesen parado los pies a tiempo, en vez de matarse tratando de complacerle?