Eximir de plusvalías a los ancianos para que puedan sobrevivir vendiendo sus activos

Acaba de anunciarse que los mayores de 65 años podrán vender sus activos patrimoniales sin tener que tributar por eventuales plusvalías generadas en ello, pero siempre y cuando destinen tales rendimientos a suscribir productos financieros de ‘renta vitalicia’.

Semejante medida estaba sin duda en el trasfondo de la reflexión que este blog publicó el 6 de enero de 2011, en plena tormenta inmobiliaria, y que transcribimos a continuación.

No obstante, la actual propuesta gubernamental abre interrogantes --al imponer esa condición de suscribir instrumentos financieros que proporcionen una renta vitalicia-- que no parecen satisfacer los presupuestos (fundamentos) económicos, filosóficos y sociológicos que inspiraban aquellas reflexiones.

Porque si la exención de rendimientos --tan diferidos, además, en el tiempo-- de ventas patrimoniales terminase engordando las fauces insaciables de la usura bancaria, esto sería completamente intolerable.

Sin embargo, algo es algo. Algún nuevo camino alumbra.

--  Una reflexión sobre ‘el ladrillo’ --

por el  Dr. F. Enebral Casares

En cuanto al sector de la construcción, su funcionamiento e implicaciones generales es un tema complejo. Ciñéndonos al posible bucle especulativo (de compra-ventas sucesivas) que aparezca, hay que advertir que su existencia no es solamente porque las viviendas son un bien inelástico cuya tasa de demanda es suficientemente mantenida, sino muy principalmente porque constituyen objetivo del ahorro que nos garantice estabilidad económica.

Este constituirse en destino para el ahorro familiar basándose no sólo en la permanencia de su valor sino incluso en su progresiva revalorización (empujada, como decimos, por la constancia e inelasticidad de su demanda) representa muchas más ventajas sociales generales que inconvenientes, y no hay por qué alarmarse por ello, sino apoyarlo.

En efecto: la economía familiar está orientada esencialmente a la supervivencia, la cual, con el tiempo, lleva consigo una constricción de actividades al tiempo que unas paradójicas mayores exigencias monetarias para sobrevivir, y desligadas del trabajo que los ancianos yo no pueden realizar. Es entonces perfectamente razonable que la familia tenga la opción de recuperar una suficiente rentabilidad de la inversión que en su día hizo al comprar una vivienda, cuando se plantee substituirla por otro tipo de domicilio (reducido, compartido, rural, asistencial,...). Y es, por tanto, aceptable y razonable que las viviendas vayan revalorizándose en un porcentaje que emule el que obtienen otros agentes económicos, y que no parece factible que sea inferior a un 4 ó  6%, es decir: que compense el incremento del índice de precios,  y atenúe la desvalorización  por su uso y vejez.

En estas condiciones, la absorción de mano de obra de diversa índole, y de la gran variedad de productos implicados en la construcción, representa un importantísimo motor de la actividad económica general del país; en tanto que las distorsiones que aparezcan en accesibilidad real a una vivienda pueden paliarse por los gobernantes con diversas medidas que aquí no es lugar apropiado para exponerlas, pero que, desde luego, en ningún caso consistirán en una subida genérica de impuestos, o de los tipos de interés, que entorpecerían aún más esa accesibilidad.

Por otra parte, los salarios no cabe tratar de orientarlos 'hacia el consumo', porque es un derecho humano inalienable el del ahorro como legítimo intento de garantizarse la estabilidad de la propia subsistencia en el futuro. Las retribuciones son para sufragar tanto los gastos oportunos como los ahorros que nos respalden en el tiempo. Y, en este aspecto, será preferible poner nuestros ahorros en inversiones fácilmente revertibles en liquidez cuando así lo necesitemos.